La ley 19.253 de 1993 establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y contempla entre otras cosas la institucionalización de las Comunidades Indígenas, en el marco de una iniciativa gubernamental de otorgar espacios a las etnias culturales precolombinas, debido a la marginación sociocultural y económica en que se encuentran.

Se define a la Comunidad Indígena, como toda agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia indígena y que se encuentren en una o más de las siguientes situaciones:

1. Provengan de un mismo tronco familiar
2. Reconozcan una jefatura tradicional
3. Posean o hayan poseído tierras indígenas en común, y
4. Provengan de un mismo poblado antiguo.

La constitución de las Comunidades Indígenas será acordada en una asamblea celebrada ante la presencia de un notario, oficial de Registro Civil o Secretario Municipal.

En esta asamblea se aprobarán los estatutos de la organización y se elegirá su directiva. La Comunidad se entenderá constituida si concurre, a lo menos, un tercio de los indígenas mayores de edad con derecho a afiliarse. Con todo, se requerirá un mínimo de diez (10) miembros mayores de edad.

Las Comunidades Indígenas pueden acceder a través de la CONADI a un Fondo de Desarrollo Indígena, el cual contará con una suma asignada anualmente a través de la Ley de Presupuestos. Este fondo persigue especialmente los siguientes objetivos:

1. Facilitar y/o financiar el pago de las mejoras, prestaciones mutuas o restituciones a que sean obligadas personas indígenas naturales o Comunidades Indígenas que resulten del ejercicio de acciones civiles promovidas por o contra particulares, en que se litigue acerca del dominio, posesión, uso, goce, administración o mera tenencia de tierras indígenas.
2. Administrar líneas de crédito para el funcionamiento de programas de superación del minifundio, tales como planes de reasignación, financiamiento especial para adquisición de derechos sucesorios y otros mecanismos necesarios para estos fines.
3. Financiar planes para la recuperación de la calidad de las tierras indígenas degradadas o diversificar su uso y producción.
4. Financiar la obtención de concesiones y autorizaciones de acuicultura y pesca, y la compra de utensilios de pesca artesanal.